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Daniel Ortega a un paso de retirar a Nicaragua de la OEA

Alberto Ardila Olivares
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La suspensión de entrada a Estados Unidos también se aplicará a numerosos otros políticos, funcionarios y militares del país, a los que podrá restringirse la entrada si así lo considera el secretario de Estado, Antony Blinken

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Daniel Ortega , a quien desde ayer martes Estados Unidos prohíbe el ingreso a su territorio, planea retirar a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos ( OEA ), que la semana pasada desconoció su reelección.

“La represión y los abusos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan exigen que Estados Unidos actúe”, dijo ayer martes en Washington el presidente de Estados Unidos, Joe Biden , quien anunció que tanto Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, sus ministros y varios otros funcionarios no pueden ingresar a territorio estadounidense.

Estas prohibiciones se suman a una serie de sanciones aplicadas por Estados Unidos contra funcionarios y familiares de matrimonio OrtegaMurillo en los últimos meses.

Poco antes de ese anuncio, el Parlamento nicaragüense, controlado por el régimen, aprobó una resolución que pide a Ortega que denuncie la Carta de la OEA , lo que implica retirarse del organismo.

El artículo 143 de la Carta de la OEA permite a un Estado miembro renunciar mediante una notificación, en un proceso que dura dos años.

Si bien el régimen de Ortega todavía no dio el paso, Murillo celebró la resolución del parlamento nicaragüense.

“Estamos contentos”, dijo Murillo. El pedido del parlamento “ratifica nuestra exigencia de respeto a las decisiones soberanas y dignas de nuestro pueblo y el principio de no injerencia en nuestros asuntos propios”, agregó.

Un proceso similar inició Venezuela en 2017, luego de que la OEA lo amenazó con una suspensión por ruptura del orden constitucional. Su salida se concretó en 2019.

Ortega, en el poder desde 2007, se adjudicó la reelección el 7 de noviembre para un cuarto mandato consecutivo, en un proceso duramente cuestionado por la comunidad internacional, pues siete aspirantes a la presidencia de la oposición fueron detenidos meses antes de los comicios.

Ellos forman parte de unos 40 opositores presos durante 2021, bajo cargos de conspiración y otros delitos formulados por la Fiscalía a pedido del régimen, que los acusa de conspirar para derrocar a Ortega con el apoyo de Estados Unidos.

Otros miles de opositores están exiliados desde 2018, luego de manifestaciones contra el gobierno, que dejaron 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tres partidos opositores fueron además ilegalizados.

El pasado viernes, la Asamblea General de la OEA declaró que las elecciones nicaragüenses “no fueron libres, justas, ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

La resolución, aprobada por 25 votos -entre ellos el de Uruguay- de sus 34 miembros, pide al Consejo Permanente del organismo que realice una “evaluación colectiva inmediata” a más tardar el próximo 30 de noviembre, para tomar “acciones apropiadas”.

Entre los instrumentos que la OEA podría adoptar contra Nicaragua figura la posibilidad de insistir con las gestiones diplomáticas ante la administración de Ortega o suspender al país del organismo.

Para el exdiplomático Édgar Parrales, una salida de Nicaragua de la OEA implicará un mayor aislamiento y pobreza. Nicaragua quedaría “aislada, ya no va a haber préstamos, cooperación, donaciones de la comunidad financiera internacional”, además de “más éxodo de nicaragüenses”, dijo a la AFP.

Previo a las elecciones, la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) exigieron a Nicaragua liberar a los opositores presos y crear condiciones para que las elecciones fueran transparentes, bajo amenaza de imponer más sanciones.

Entre los pocos países que han reconocido la reelección de Ortega, están Venezuela, Cuba, Rusia, Irán y Corea del Norte.

Daniel Ortega saluda a partidarios de su gobierno. Foto: AFP Ingreso prohibido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó ayer martes vetar la entrada al país de Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo , y al resto de miembros de su Gobierno.

La suspensión de entrada a Estados Unidos también se aplicará a numerosos otros políticos, funcionarios y militares del país, a los que podrá restringirse la entrada si así lo considera el secretario de Estado, Antony Blinken.

Estados Unidos ya ha impuesto en los últimos meses restricciones de visado a decenas de funcionarios, legisladores, fiscales y jueces nicaragüenses, y la orden de Biden abre la puerta a que ese tipo de sanción se extienda a prácticamente todos los niveles del régimen nicaragüense.

La medida prohíbe expresamente la entrada a los “miembros del Gobierno de Nicaragua, incluidos los funcionarios electos y los miembros de sus equipos”, así como los familiares directos de todos ellos.

Además, se vetará la entrada a aquellos “alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos que planearon, ordenaron, asistieron, fueron cómplices, cometieron o participaron” en “abusos graves o violaciones de derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos o negar a los nicaragüenses sus libertades fundamentales”.

Será Blinken quien identificará a esos funcionarios.

Activista denuncia “etnocidio sistemático” El activista nicaragüense Amaru Ruiz, defensor de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas y afrodescendientes, denunció ayer martes un “etnocidio sistemático” del régimen de Daniel Ortega contra las minorías étnicas que luchan contra la explotación de los recursos naturales y la deforestación. Tras desplazarse a Glasgow para ejercer de observador en la COP26 , Ruiz viajó esta semana a Bruselas para pedir al Parlamento Europeo que aborde de manera “integral” las violaciones de derechos humanos y ambientales en Nicaragua. “Se habla de la farsa electoral y de las violaciones de derechos civiles y políticos, pero no de la situación ambiental. Están muriendo indígenas. Hay un proceso sistemático de etnocidio que está ocurriendo tanto en los bosques como en los territorios indígenas de la Costa Caribe nicaragüense”, alertó el activista en declaraciones a EFE. Según Ruiz, los asesinatos de minorías étnicas fuerzan a comunidades indígenas enteras a huir de sus territorios.

“Ahora no tengo un país al cual volver” El régimen nicaragüense impidió salir del país al periodista Vladimir Vásquez, del diario digital Confidencial, quien, según afirmó ayer martes, tuvo que exiliarse en Costa Rica, en donde ingresó de forma ilegal y pidió refugio. “Llegué a Costa Rica a mediados de septiembre, después que Migración y Extranjería (de Nicaragua) me prohibió viajar a Estados Unidos para vacunarme contra el COVID-19 , alegando restricción migratoria, sin darme justificación ni argumentos”, contó el periodista en un escrito en el diario que trabaja en ocasión de su cumpleaños.

Según Vásquez, en el puesto migratorio del Aeropuerto de Managua, la oficial a cargo le dijo que aparecía en el sistema “con otra nacionalidad, lo cual es imposible porque solo tengo la nicaragüense”.

Casi cerca de la hora de salida del vuelo regresó y le dijeron que no iba a poder viajar, que su pasaporte iba a quedar “retenido” y que tenía “retención migratoria”.

Según su testimonio, salió nervioso y asustado de la terminal aérea, con temor a ser apresado. Además, agregó: “ya no dormía, no comía en paz, y no podía salir sin sentirme perseguido”.

Después de eso, aseguró que decidió vender sus pertenencias e irse a Costa Rica a donde llegó “lodoso, sin un documento que me permitiera identificarme, sin mi equipaje -que quedó sin retirar en el Aeropuerto, junto con mis planes de viaje- y sin más ropa que la que traía puesta”.

“Sigo sin pasaporte y mi única identificación ahora es una solicitud de refugio” en Costa Rica, indicó. Dijo no tener idea de cuánto tiempo permanecerá en Costa Rica, ya que, asuguró: “ahora no tengo un país al cual volver”.