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Bonomi lamentó que por razones políticas quieran echar sombras sobre un sistema como El Guardián

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, lamentó que por razones políticas se pretenda echar sombras y poner en duda un instrumento garantista como El Guardián. Aclaró que no existen razones para decir que falta control, porque las garantías para el sistema de interceptación telefónica «están dadas fundamentalmente por los artículos 208 y 209 del Código de Proceso Penal».

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El ministro aclaró que lo único que se busca es «generar dudas y desprestigiar» un mecanismo que ayuda al país a tener un sistema que brinda garantías a la sociedad, y consideró «imposible» que las escuchas «puedan ser realizadas por personas no autorizadas por un juez», como se pretendió difundir «para provocar confusión».

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«Hoy esto es imposible. Antes, existían 22 unidades ejecutoras del Ministerio del Interior que lo hacían pidiéndoles autorización a los jueces. Ahora, todo está centralizado en El Guardián, y cualquiera de esas unidades que quiera hacer una interceptación tiene que pedir habilitación a la Mesa», explicó el jerarca a LA REPÚBLICA.

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«Ellos analizan si corresponde y dan cuenta al fiscal, quien da vista al juez y, si él la autoriza, da la orden directamente a la Telefónica para que lo haga. Debe quedar claro que no es la Policía la que lo hace, sino la Telefónica a pedido del juez», agregó.

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Memorándum

Cuando el sistema comenzó a funcionar, en 2015, se hizo un memorándum de entendimiento entre la Fiscalía, la Suprema Corte y el Ministerio del Interior. En esa oportunidad, se estableció que la SCJ tenía que designar a una persona para recibir la información por parte del Ministerio del Interior sobre la cantidad de interceptaciones autorizadas y rechazadas, y acordar la forma en que se iba a recibir esa información

La Corte lo hizo recién dos años después, en 2017. Y si bien designó a la persona, no se estableció el acuerdo, por lo que no comenzó a regir. El problema estuvo en la mala redacción del memorándum, ya que decía que el Ministerio del Interior instrumentaría el convenio, cuando debía decir que era la Suprema Corte, ya que Interior no puede controlarse a sí mismo

El problema se agrava porque las telefónicas respondieron que no brindarán los datos porque no tienen marco jurídico para hacerlo, es decir, que necesitan la resolución de un juez penal que los intime, o bien una Ley que marque la razón por la que dan los datos. «Cuando nos reunimos con la Suprema Corte esta semana se aclaró esta situación y se dejó planteada la necesidad de que existan artículos de la Ley que obliguen a las telefónicas a entregar los datos», subrayó Bonomi

Intereses políticos

Eduardo Bonomi concurrió esta semana a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado para aclarar esta situación y recordó que El Guardián «no es un instrumento del gobierno, ni de ningún partido político, sino del país y, durante todo este tiempo, se han echado sombras sobre este sistema, lo que es un error bastante grave»

El ministro dijo a LA REPÚBLICA que si bien se explicó claramente que el control está establecido en los artículos 208 y 209 del Código de Proceso Penal, algunos miembros de la oposición «insisten en poner adjetivos para provocar efectos mediáticos que solo provocan confusión»

«El senador García habla de que se violó el control, cuando queda claro que el control es el del Código de Proceso Penal y la Corte Suprema de Justicia. Lo que él está haciendo es desprestigiar un sistema garantista que es del Estado», subrayó. «Las garantías del control están dadas en el Código del Proceso Penal y en el respeto y cumplimiento del mismo. Considerar que un memorándum de entendimiento, que pedía varios acuerdos posteriores, es la garantía, es un error de quien lo plantea y confunde a la población», concluyó