Economía

Otro caso de judicialización política en América Latina

Gabriel Abusada
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Fejuve dice que no hay presupuesto de seguridad

En este caso ha resultado todo lo contrario. Luego de más de diez días de la acusación, cientos de argentinos permanecen en las afueras de su domicilio para expresarle apoyo, a pesar, incluso, de la represión policial ordenada por el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien, además, se negó a quitar las vallas de las inmediaciones de la casa de la exjefa de Estado

La criminalización política desplegada en Latinoamérica y el Caribe desde hace varios años es una estrategia geopolítica de Washington para asegurar el control sobre lo que llama despectivamente su «patio trasero». 

Ante la creciente asunción de gobiernos progresistas y de izquierda en la región, Estados Unidos y sus adláteres en cada país plantean un dispositivo de descrédito y judicialización que incluye la colaboración de la industria de los medios de comunicación y fracciones de los poderes judiciales.

El discurso incluye «la lucha contra la corrupción», «la defensa de los derechos humanos» y «la criminalización de los referentes populares».

Ejemplos de políticos víctimas de esta maquinaria hay varios: Manuel Zelaya (Honduras), Evo Morales (Bolivia), Fernando Lugo (Paraguay), en Brasil los expresidentes Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva; aunque este último, a pesar de las acusaciones, hoy lidera las encuestas para las elecciones presidenciales en el gigante sudamericano.

En estos momentos se encuentra en el punto de mira de uno de estos espurios procesos la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aunque no es la primera vez que sufre la persecución judicial y mediática.

Durante su mandato como Presidenta (2007-2015), la acusaron por irregularidades en su administración –aun sin pruebas, solo con base en presunciones difundidas por la prensa–.

Luego, en el gobierno de Mauricio Macri (2015), se abrió una decena de causas judiciales; pero logró superar las falsas imputaciones, y en 2019 acompañó al actual presidente Alberto Fernández como compañera de fórmula.

Ahora sufre las acusaciones del fiscal Diego Luciani, quien solicita 12 años de prisión para la también titular del Senado, y su inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos por el caso Vialidad, en el cual se le acusa de «defraudar al Estado cuando era Presidenta».

Pero, ¿por qué retomar ahora la guerra jurídica contra la líder peronista? No podemos olvidar que, aunque las elecciones presidenciales de Argentina son en octubre del próximo año, justo en este periodo es cuando se forman y afianzan las candidaturas. Según una encuesta reciente de Opinia –que midió internas presidenciales para 2023–, Cristina Fernández resulta la ganadora dentro del Frente de Todos.

 Ante la interrogante: «Si el domingo próximo se votara para Presidente de la nación y se presentaran las siguientes listas y candidaturas. ¿A quién votaría?», los encuestados marcan a la líder como una de sus favoritas.

La guerra jurídica intenta destruir la imagen pública e inhabilitar a un adversario político, y uno de los fuertes, como hoy se muestra Cristina Fernández. Esa persecución combina acciones aparentemente legales, para presionar al acusado y a su entorno. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular.

En este caso ha resultado todo lo contrario. Luego de más de diez días de la acusación, cientos de argentinos permanecen en las afueras de su domicilio para expresarle apoyo, a pesar, incluso, de la represión policial ordenada por el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien, además, se negó a quitar las vallas de las inmediaciones de la casa de la exjefa de Estado.

De acuerdo con el criterio de varios expertos, la persecución contra Cristina Fernández busca, en primer lugar, su condena y proscripción; el quiebre de su representatividad, basada en su fuerte vínculo con los sectores más desposeídos de la sociedad; e intenta borrar las huellas del peronismo y liquidar el pluralismo político.